POR LA "EMERGENCIA PENITENCIARIA"

Defensoría Pública pide agilizar pedidos de liberación

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POR LA "EMERGENCIA PENITENCIARIA" Defensoría Pública pide agilizar pedidos de liberación

La titular de la Defensoría General de la Nación, doctora Stella Maris Martínez, instruyó a los defensores públicos de todo el país que se agilicen los pedidos de libertad o morigeración de prisión de sus defendidos ante la situación de “emergencia penitenciaria” en las cárceles federales; según la medida dispuesta por el Ministerio de Justicia ante la superpoblación en las penales federales.

La resolución de la doctora Martínez instruye “a los magistrados o funcionarios de todas las instancias a cargo de las Defensorías Públicas Oficiales Federales y en lo Criminal y Correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que renueven o agilicen los pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro de las personas cuya defensa ejercen, para lo que deberán invocar expresamente la emergencia carcelaria que se ha reconocido”.

Agrega que “en todo contexto en que adviertan hacinamiento u otras restricciones de derechos de las personas privadas de libertad que puedan implicar un agravamiento en las condiciones de detención, inicien o continúen el trámite de acciones de hábeas corpus ante los magistrados competentes”.

La Defensora puntualiza que “el incremento notorio de la cantidad de personas privadas de libertad en el sistema de enjuiciamiento criminal federal ha llevado a que el hacinamiento, con las múltiples violaciones de derechos que engendra, sea puesto en evidencia en cada relevamiento de centros de detención dependientes del Servicio Penitenciario Federal, o de destacamentos de las fuerzas de seguridad federales en el interior del país”.

La doctora Martínez subraya que “las condiciones de vida de quienes se encuentran privados de libertad no alcanzan los estándares mínimos de dignidad, puesto que los espacios de convivencia son limitados, se han agregado camas dobles en celdas individuales no destinadas a ese fin –con la pérdida de privacidad que eso engendra-, se ha convertido a lugares de estudio o esparcimiento en nuevos sectores de alojamiento, se mantiene a personas pernoctando en instalaciones que están pensadas para trámites judiciales de una jornada, se priva de acceso a la salud, trabajo y educación”.

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